Nota publicada en la última edición del suplemento Civiles, en La Voz del Interior.
El Colegio solicitó la mirada de la Caja con respecto a la importancia de la intervención de los profesionales en la Fiscalización, para lo cual fue consultado su Vicepresidente, el Ing. Civil Miguel Costantini.
La Caja Ley 8.470 viene trabajando a través de las áreas de Aportes Profesionales y Procuración a fin de obtener el registro de las obras públicas de los municipios y el pago de los aportes que de ellos resulten.
La tarea se hace departamento por departamento y se encuentran diversas respuestas. Se trabajó sobre la base de la información que se pudo conseguir a través de las publicaciones periodísticas, en el Boletín Oficial y cualquier otra información que se pudiera obtener.
En muchas de las demandas iniciadas se pudieron recuperar los aportes que correspondían. En otras, sólo hubo un contacto temporario, y en otras directamente no se recibió respuesta alguna, lo que resultó en los procesos legales que continúan.
De toda esta acción se obtuvieron muchas enseñanzas:
- Existe un abrumador desconocimiento por parte de los municipios y comunas de que las obras públicas deben por ley ser registradas, con profesionales matriculados que asuman sus responsabilidades por las tareas de proyecto, conducción técnica, dirección técnica y representación técnica que se realicen.
- Habría que proponer una alianza estratégica con los colegios afiliados a la Caja para gestionar, en forma coordinada y mucho más efectiva, todas las cuestiones inherentes a la detección, verificación y procuración de las obras públicas municipales. Los colegios tienen la responsabilidad de la verificación del cálculo de los honorarios referenciales, de los cuales resultan los aportes a los colegios y a la Caja, y para eso debe producirse la identificación del profesional interviniente, beneficiando también a los matriculados que ven respaldada su actividad profesional.
- Muchos de los municipios a los que se notificó manifestaron su intención de generar acuerdos de registración de las obras públicas, a fin de evitar consecuencias legales y económicas. Hacia adelante Con estos antecedentes, la Caja creó el Área de Fiscalización y propuso a sus colegios afiliados la firma de convenios de colaboración mutua.
En ese sentido, encontró en ellos una entusiasta respuesta, como es el caso del Colegio de Ingenieros Civiles, que tenía su propia Área de Fiscalización y venía trabajando en el tema desde hacía un tiempo, sobre todo en lo que respecta a las obras públicas.
Esto implica la contratación de inspectores matriculados en los colegios, con la designación de coordinadores en cada uno de ellos. Asimismo, ya se han firmado convenios con el Colegio de Ingenieros Especialistas, con el Colegio de Maestros Mayores de Obras y con el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y con los demás se avanzará próximamente.
Ahora, viene la etapa de tomar contacto con las autoridades de los municipios o comunas, proponiendo acuerdos que impliquen el compromiso de la información sobre la ejecución de obras públicas y los montos de los contratos, identificando a las empresas y a sus profesionales que realicen las tareas de anteproyecto, proyecto, conducción técnica, dirección técnica y representación técnica.
Esto beneficiará a los municipios y comunas, porque pasarán a tener sus obras registradas según la ley, con profesionales responsables en cada una de las tareas que se inicien. Así, pueden evitar procesos judiciales en su contra y están en condiciones de contar con toda la colaboración de los equipos técnicos de la Caja y de los colegios y de sus profesionales matriculados.
A esto se puede agregar toda la gestión por la regularización del registro de las obras privadas no registradas, tarea para la cual la Caja cuenta con un convenio para visualización aérea con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae).
El desafío es muy grande: hay 257 municipios y 170 comunas en toda la provincia de Córdoba, pero vale la pena afrontarlo.
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